LA
VANGUARDIA
02/08/04
¿Se
responsabilizará a Bush?
Un
día antes del ataque sorpresa de Egipto y Siria a Israel del
6 de octubre de 1973, el jefe de la inteligencia militar israelí informó de
la “escasa probabilidad del inicio de operaciones militares contra
Israel por parte de los dos ejércitos árabes”.
Antes de que empezara la guerra, un joven funcionario de la inteligencia
militar expuso hasta dos veces que los enormes despliegues y ejercicios
egipcios a lo largo del canal de Suez parecían “camuflar
un ataque”. Estas opiniones fueron desestimadas por sus superiores
porque no ocupaba un puesto muy alto en la jerarquía de analistas
militares. Además, sus juicios no se correspondían con
el concepto sostenido con arrogancia por Israel: ni Siria ni Egipto
tenían capacidad militar para lanzar una guerra con probabilidades
de éxito contra Israel.
Durante la primera semana de esa guerra de octubre
murieron más de dos mil soldados israelíes. El informe de la comisión
Agranat, que investigó los fallos de los servicios de inteligencia israelíes
en esa guerra, estableció que el gobierno de Israel no había logrado
interpretar correctamente la información de la que disponía y que,
por ello, no había logrado anticipar el ataque árabe. En retrospectiva,
Israel poseía información muy exacta y análisis perspicaces,
pero los responsables políticos y aquellos que ocupaban los puestos más
altos de la cadena de mando hicieron caso omiso del criterio del servicio de
información. El jefe de la inteligencia israelí y ministro de Defensa,
Moshe Dayan, y la primera ministra, Golda Meir, abandonaron sus cargos desacreditados
el siguiente mes de mayo.
En 1978, el consejero de política iraní del
Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, Gary Sick, y el director de la
CIA, Stansfield Turner, se mostraron decepcionados por los pobres informes políticos
recibidos desde Teherán. Cuando el servicio de información realizó un
estudio sobre por qué no había predicho Estados Unidos la caída
del sha en 1979 y la subida al poder de Jomeiny, las razones que ofreció fueron “una
apreciación insuficiente del poder político del islam chiita revitalizador” y
del esperado ejercicio del “contundente liderazgo” del sha. Por lo
visto, en Washington nadie sabía que el sha padecía cáncer
desde hacía más de siete años. Sin embargo, en 1977-1978,
cuando la CIA informó de que el sha había caído en una depresión
y que estaba “incapacitado para la toma de decisiones”, el embajador
estadounidense en Teherán, Sullivan, propuso seguir junto a él.
Estados Unidos estaba ligado a un aliado de seis presidentes estadounidenses,
aunque éste estuviera perdiendo el control de su propio país. La
caída del sha, la toma de rehenes estadounidenses durante 444 días
y el fracaso de la misión de rescate contribuyeron en conjunto a un bochorno
nacional. Junto con los altos índices hipotecario y de inflación,
la pérdida de Irán ayudó a garantizar la derrota de Carter
en noviembre de 1980.
Ahora, dos informes bipartitos estadounidenses
de enormes consecuencias señalan que una multitud de fallos de los servicios
de información, la parálisis conceptual y los percances burocráticos
desembocaron en los ataques del 11-S contra Estados Unidos y el ataque encabezado
por Estados Unidos contra el Iraq de Saddam Hussein. El informe del Senado estadounidense
sobre las consideraciones prebélicas de la información de la comunidad
de inteligencia de Estados Unidos sobre Iraq (http://intelligence.senate.gov)
y el informe de la comisión del 11-S (http://www.9-11commission.gov/)
ofrecen una cruda imagen de la forma mezquina en que se recopiló, se evaluó y
se utilizó la información.
En los cuatro casos (si consideramos por separado
la incapacidad de predecir el 11-S y la información errónea sobre
Iraq), los errores comunes fueron: aferrarse a un concepto cuando los hechos
mostraban otra cosa, la recopilación de información insuficiente,
unos análisis deficientes o una mala utilización de los datos de
los servicios de información por parte de los responsables políticos.
Antes del 11-S, la Administración Bush no
había prestado atención a las señales que advertían
que se preparaba un ataque terrorista de Al Qaeda. El informe de la comisión
del 11-S descubrió que se había producido una cadena de oportunidades
perdidas; los servicios de información estadounidenses poseían
los datos correctos, pero los responsables políticos decidieron no actuar
al respecto. El memorando informativo presidencial de agosto del 2001 sugería
que Al Qaeda planeaba atacar Estados Unidos y que utilizaría aviones como
misiles, contenidos sobre los que Condoleezza Rice, consejera de Seguridad Nacional
de Bush, dijo por entonces que eran sólo “información histórica
basada en viejos informes”. “No había información sobre
nuevas amenazas”, declaró. Esa estela de oportunidades perdidas
resultó en una tragedia. ¿Es responsable la señora Rice?
Después del 11-S, la Administración
Bush sostuvo que eliminar a Saddam Hussein era parte de la “guerra contra
el terrorismo”, una extensión de las represalias tomadas contra
los talibán de Afganistán y la red de Al Qaeda. Ahí, la
Administración Bush quiso ver una conexión que no existía.
Justificó su ataque a Iraq en su directiva política de septiembre
del 2002, titulada Estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Ésta
esbozaba una doctrina de prevención en Asuntos Exteriores, “hacérselo
a los demás antes de que ellos te lo hagan a ti”. Y cuando el director
de la CIA le dijo erróneamente a Bush que era una jugada segura que Saddam
tenía armas de destrucción masiva, ¿qué iba a hacer
el presidente sino responder con la fuerza? La justificación para vincular
el 11-S con el ataque a Iraq se convirtió en un mantra recitado por la
Administración Bush. No obstante, el vicepresidente Cheney seguía
diciendo en junio del 2004 que “existía una relación muy
clara entre Al Qaeda e Iraq”. “Ha sido atestiguado, las pruebas son
abrumadoras”. ¿Se debería responsabilizar a Cheney?
En cuanto a si Iraq estaba implicado en los ataques
del 11-S, la Administración Bush aceptó con irrefutable validez
que los antecedentes del Gobierno de Hussein –que hablaban de ferocidad
y acumulación de armas de destrucción masiva– no sólo
lo convertían en un objetivo justificable del ataque, sino que, si Saddam
quedaba derrotado en Oriente Medio, los terroristas no lograrían infligir
su terror otra vez en suelo estadounidense ni en la Europa occidental. Los atentados
de Madrid y la matanza de varios cientos de españoles en marzo del 2004
demostraron que esa suposición también era errónea. Un sondeo
de Pew Research Center de julio del 2004 indica que un 71 por ciento de la población
estadounidense cree que otro ataque terrorista en los próximos meses (antes
de las elecciones de noviembre) es “muy probable” o “probable”.
Un sondeo de New York Times/CBS, publicado también a finales de julio,
muestra que un 60 por ciento del electorado de Estados Unidos cree que el ataque
a Iraq “no merecía la pérdida de vidas de estadounidenses
y otros costes”.
George W. Bush ha presidido con una preparación
deficiente y con una mala utilización de la información de los
servicios de inteligencia, y eso ha tenido devastadoras consecuencias tanto en
su país como en el extranjero. Más de mil estadounidenses han muerto,
la mayoría de los ciudadanos de su país no se sienten más
seguros y no se ha derrotado al terrorismo porque Saddam ya no esté en
el poder. Para el Senado de Estados Unidos, el pueblo estadounidense, las Naciones
Unidas, los europeos y otros aliados, la Administración Bush proporcionó deliberadamente
información errónea para justificar la invasión de Iraq.
Por el camino, la Administración ha perdido el respaldo de muchos. La
confianza en el presidente estadounidense ha recibido un serio varapalo. Se han
perdido vidas estadounidenses, el bochorno nacional perdura y la pérdida
de aliados es continua.
Normalmente, el votante de Estados Unidos pone
menos énfasis en los asuntos de política exterior y da más
importancia a asuntos económicos cruciales y la futura agenda social de
su país cuando decide a qué candidato prefiere para la presidencia.
No obstante, a menos de 100 días de las elecciones, la pregunta esencial
sigue vigente y no desaparecerá de escena: ¿responsabilizará el
electorado estadounidense a George W. Bush y a su Administración de dos
de los errores de información más mayúsculos y atroces de
la historia de su república?
Traducción:
Laura Manero Jiménez
KENNETH W. STEIN, catedrático de Historia de Oriente Medio y Ciencia
Política en la Universidad de Emory, Atlanta