LA VANGUARDIA 
OPINIÓN

20/10/02

"Separar, administrar, pacificar"

KENNETH W. STEIN

     Mientras los ojos de la comunidad internacional se centran en Iraq, no debería desperdiciarse la oportunidad de impulsar a israelíes y palestinos hacia lo que han de hacer: separar el curso de sus vidas, establecer un sistema de fideicomiso que supervise la separación de las respectivas poblaciones y haga de él el instrumento que dé paso a la creación de un Estado palestino en un plazo de tres años. Bajo una administración de fideicomiso, pueden atenderse las inquietudes de Israel en materia de seguridad y, en contrapartida, tales medidas se correlacionarían con fases políticas conducentes al gradual desarrollo político palestino.

     No se aprecian razones de peso para tener que aguardar a ver revelada la foto de Iraq. Alejar a israelíes y palestinos de la violencia no depende de si Saddam Hussein sobrevive a otra presidencia de Bush. Abandonar a palestinos e israelíes a sus propios recursos se reduce a aplicar una receta ilimitada para el derramamiento de sangre. Israelíes y palestinos merecen algo más que mantener un statu quo ahogado en sangre.

     Entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, la realidad de las cosas ha atrapado a palestinos e israelíes con sólida garra demográfica. La población judía de Israel no emigra, a la población árabe palestina no se la quiere en Israel ni tampoco se dirige a otras zonas de Oriente Medio. A falta de las hipótesis de matrimonios mixtos a gran escala, la aniquilación completa de una de las comunidades en litigio, o en razón de la imposibilidad de una u otra comunidad de vivir en paz como tal minoría controlada por la otra comunidad, la única posibilidad que resta estriba en la separación de las poblaciones y la partición de la tierra.

     La separación merced a la partición, en tanto que solución del conflicto árabe-israelí, no es cosa nueva. Sugerida ya por Gran Bretaña en julio de 1937, esta idea fue nuevamente objeto de recomendación por parte de la ONU en 1947. El propio concepto de separar las poblaciones con derechos reconocidos en cada caso fue el fundamento esencial de los Acuerdos de Oslo de septiembre de 1993. En noviembre del 2001 y marzo del 2002, Bush y la Liga Árabe aprobaron respectivamente las soluciones al conflicto basadas en la existencia de dos estados.

     En 54 años de conflicto árabe-israelí, las guerras han librado a Israel del peso de graves amenazas, pero ninguna de ellas ha eliminado facetas sustantivas del conflicto, salvo cuando un diligente agente externo ha propiciado acuerdos de separación y retirada de fuerzas (Kissinger) o bien un tratado (Carter). Ha llegado ahora otro momento ideal para una intervención desde el exterior. La separación de las poblaciones no se producirá salvo si es impulsada desde el exterior y se cumple concienzudamente. Los niveles de inseguridad tanto personal como nacional pueden reducirse si se incorpora una administración en régimen de fideicomiso al proceso de creación de un Estado palestino.

     La separación -la creación de un Estado palestino merced a la implantación del régimen mencionado durante tres años- es más que el tipo de diplomacia de enfoque selectivo ("incrementalist diplomacy") practicada por Kissinger, pero menos que una paz negociada global que la administración Carter persiguió en su día. Cuando el mencionado régimen administrativo se puso sobre la mesa para dar salida a las discrepancias árabes y judías en Palestina, se consideró que perpetuaría un statu quo caracterizado por la inseguridad en lugar de concebir y articular inteligentemente una solución a las diferencias entre las comunidades en litigio. La alternativa de separación y partición bajo un régimen de fideicomiso no garantiza el término de las actuaciones unilaterales a cargo de ambas partes; simplemente, y antes de adoptar este tipo de acciones, cada parte muestra una mayor moderación en el marco de un sólido sistema de arbitrio. Puede establecerse, en efecto, un fideicomiso que ni invada competencias ni sea paternalista con el pueblo palestino y que, por el contrario, proporcione resultados enormemente positivos en materia de seguridad con relación a los israelíes, tanto en el nivel personal como en el nacional.

     El proceso de separación de las poblaciones bajo este tipo de administración posee numerosas virtudes. Un mecanismo de esta naturaleza puede constituir el periodo de transición que supere el tropiezo de la posible destrucción de la Autoridad Nacional Palestina y/o del fallecimiento de Arafat y persiga el objetivo de la creación de un Estado palestino en un plazo de tres años. Este régimen administrativo, concebido como marco general de trabajo, debe actuar para impulsar el nacimiento de instituciones palestinas en los ámbitos jurídico, parlamentario, ejecutivo y económico. Debe tratarse de instituciones fundamentadas en logros y valores objetivos (no de organismos construidos sobre el amiguismo y el nepotismo), instituciones destinadas a la inmediata mejora de la calidad y condiciones de vida de los alestinos.

     La administración a la que me refiero debe aplicarse con ahínco en la protección, el apoyo y la multiplicación de aquellas figuras palestinas que creen en las reformas y que ahora están saliendo a la luz en la comunidad palestina. No debería entorpecer el curso natural de la transformación civil y cívica que actualmente invade la calle palestina. A fin de que este régimen administrativo desemboque en el plazo previsto en el alumbramiento de un Estado, debe incluir -como prerrequisito preceptivo- el inequívoco apartamiento (que ha de producirse en la mentalidad palestina) de la violencia; debe, asimismo, incluir medidas inequívocas y legítimas de castigo aplicadas por palestinos a los palestinos que se entreguen a la violencia. El Estado palestino no debería hacerse realidad hasta que se haya eliminado totalmente la violencia palestina contra los israelíes; este resultado debería hallarse en correlación directa con la ausencia del empleo, por parte de Israel, de actos de fuerza mortífera contra los palestinos. Una vez el Estado palestino esté funcionando, las cuestiones relativas a la seguridad externa e interna han de ser susceptibles de tratarse, reforzarse y resolverse mediante la consulta tripartita entre los funcionarios responsables de la seguridad israelíes, palestinos y del anterior régimen administrativo mencionado.

     Para que tal régimen pueda dar comienzo, debe ser negociado en una reunión o en prenegociaciones entre israelíes y palestinos; debe contar un verdadero apoyo de Egipto, Arabia Saudí, Jordania, la UE, Rusia y la ONU. Debe contar con el impulso director de EE.UU., país a través del cual debe articularse tal régimen administrativo de transición, ya que EE.UU. mantiene una especial relación tanto con los palestinos como con los israelíes. Los países e instituciones destacadas de rango internacional deben estar listas para asignar mil millones y medio de dólares al año, durante diez años, al Estado palestino. Los palestinos deben saber que, más allá del periodo de transición, se va a ejercer un compromiso internacional para velar por la andadura del nuevo Estado. Tal régimen de transición será gobernado con transparencia verificable que, de hecho, gratifique las iniciativas responsables, garantice el desarrollo de infraestructuras y muestre su excelencia con relación al nivel medio de la sociedad palestina.

     Durante los tres primeros meses de este régimen administrativo, Israel estará obligado, tras un periodo similar de tranquilidad, a retirarse de amplias zonas de Cisjordania y de la franja de Gaza, permitiendo así la presencia y realidad de una contigüidad geográfica palestina. Israel debe detener toda actividad de asentamiento al propio tiempo que los palestinos deben proceder a crear los mecanismos necesarios para aplicar la ley y el orden. Al cabo de un año, deben celebrarse elecciones municipales y nacionales palestinas que certifiquen y corroboren el apoyo popular a los dirigentes políticos. El régimen en cuestión no puede depender de una existencia ni mandato ilimitados, sino que debe finalizar en una fecha determinada, digamos en septiembre del 2005. El enemigo mayor de una separación y partición aplicadas a través de dicho régimen reside en la impaciencia y el exceso de confianza. Sucumbir a la parálisis diplomática que significa no solucionar las esenciales cuestiones aún pendientes de solución (Jerusalén, fronteras definitivas, suministro de agua, asentamientos y refugiados) equivaldría a encontrarse con el constante fracaso de los esfuerzos y de las esperanzas. Los únicos beneficiarios de optar únicamente por resolver selectivamente un cierto número de cuestiones serían los extremistas de ambas partes o bien quienes se benefician de administrar el inestable statu quo actual.

     Si fracasa la separación a través del aludido régimen administrativo, resta enfrentarse al terrorismo que aparezca de vez en cuando, la reacción militar, la muerte, la destrucción, el malhumorado abatimiento y la progresiva expansión de asentamientos. Si en septiembre del 2005 lo que se haya conseguido se limita a la recuperación de una cierta calma y serenidad para ambos pueblos, ya podrá considerarse un éxito. Ahora bien, si el régimen administrativo mencionado alcanza en conjunto un cierto grado de éxito, puede afirmarse la posibilidad del inicio de una segunda fase encaminada a unos resultados de orden político de mayor alcance en las relaciones palestino-israelíes.

     Desde una amplia perspectiva, el régimen administrativo de referencia ha de ser capaz de supervisar la separación de manera que lleve aparejada la retirada de Israel de los territorios que ocupó en la guerra de junio de 1967: un paso más hacia el cumplimiento de las aspiraciones nacionales palestinas y un paso más hacia el objetivo que posee Israel de vivir dentro de fronteras seguras, libre de las amenazas de la violencia y de la fuerza.

KENNETH W. STEIN, profesor de Historia de Oriente Medio y de Ciencia Política de la Universidad de Emory, en Atlanta (Georgia)

Traducción: José María Puig de la Bellacasa